El ritmo de desarrollo que ha tomado Sinaloa en los últimos años se manifiesta en la expansión de parques industriales, obras viales, urbanizaciones y construcción vertical en las principales ciudades del estado. Este avance, sin duda positivo en términos económicos, trae consigo una realidad ineludible: el crecimiento también genera mayores riesgos para quienes trabajan en el terreno de la construcción, uno de los sectores más expuestos a accidentes laborales.

En este contexto, la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, que regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción, cobra una importancia fundamental. Esta norma no es una sugerencia ni una guía opcional. Es una obligación legal para los patrones, quienes deben garantizar entornos seguros para su personal desde el primer trazo del proyecto hasta la entrega final de la obra.

Entre sus disposiciones clave, la NOM-031 obliga a los empleadores a identificar peligros, evaluar riesgos, diseñar medidas preventivas, proporcionar capacitación continua y dotar de equipos de protección personal (EPP) adecuados a cada tipo de actividad. Pero no todo recae en el patrón. La norma también establece obligaciones claras para los trabajadores, quienes deben utilizar correctamente su equipo, seguir procedimientos establecidos y reportar condiciones inseguras.

Sin embargo, el cumplimiento normativo no se da en el vacío. Aquí es donde intervienen dos actores esenciales: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como autoridad laboral responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud, y las Unidades de Protección Civil, particularmente en lo estatal y municipal, que supervisan que las condiciones en obra no representen un riesgo para la vida de los trabajadores ni para la comunidad que los rodea.

La STPS realiza inspecciones, impone sanciones e incluso puede ordenar la suspensión de actividades ante incumplimientos graves. Por su parte, Protección Civil participa activamente en la revisión de los Programas Internos de Seguridad en obras relevantes, exigiendo rutas de evacuación, brigadas, análisis de riesgos y medidas correctivas inmediatas cuando se detectan condiciones de peligro.

Los costos de ignorar esta normativa son altos: desde multas que pueden alcanzar miles de pesos por trabajador en riesgo, hasta responsabilidades penales en caso de accidentes fatales. Más allá del aspecto legal, la reputación de una empresa puede quedar severamente dañada por descuidos en la seguridad laboral.

Lo hemos visto una y otra vez, entre lluvias y lloviznas de crecimiento urbano y de aperturas de nuevos fraccionamientos o naves industriales: hay quienes construyen rápido, pero sin previsión. Y cuando un accidente ocurre, lo que queda son consecuencias irreparables, tanto humanas como económicas.

Sinaloa no puede permitirse mirar hacia otro lado. Si verdaderamente aspiramos a un desarrollo integral y sostenible, debemos comenzar por proteger a quienes lo hacen posible con sus manos y su esfuerzo diario. La seguridad laboral no es un costo: es una inversión en dignidad, eficiencia y legalidad.

Como profesionales, autoridades y ciudadanos, nos corresponde vigilar, exigir y aplicar esta norma con todo su rigor. En cada obra nueva, en cada estructura que se eleva, debe estar presente la convicción de que ningún proyecto vale más que la vida de un trabajador.

Prevención, la medicina del futuro.

Fuente: https://www.msn.com/